Repositorio Institucional

Resumen

La presente investigación se enfoca en el análisis de la protección penal que el Ministerio Publico viene desarrollando, respecto de los bienes culturales denominados inmuebles de origen distinto a la época prehispánica o inmuebles históricos (como nos referiremos a ellos en adelante), los cuales son considerados integrantes del patrimonio cultural peruano y se encuentran en Lima metropolitana, a fin de demostrar su inadecuada tutela penal. Consideramos que la desprotección penal de los inmuebles históricos ocurre a causa de la imprecisión normativa descrita en nuestro código penal respecto del bien jurídico protegido, el mismo que: se distingue inmotivadamente por su periodo de origen, exigiéndose que los inmuebles distintos a la época prehispánica para ser protegidos penalmente deberán contar con una declaración previa que otorgue la condición de patrimonio cultural; así como también, no precisa las categorías de los inmuebles históricos que pueden ser protegidos penalmente. Situación que ha conllevado a que los profesionales encargados de la defensa de la legalidad adopten posturas sesgadas, amparándose muchas veces en las falencias de nuestro código penal; es por ello, por lo que consideramos que nuestra legislación penal debería ser modificada a fin de describir el enunciado típico de manera clara y precisa para evitar situaciones de abuso o impunidad, cuyas consecuencias se ven materializadas en el expolio de nuestro patrimonio cultural. Dentro de la metodología utilizada se consideró la evaluación de 05 denuncias a nivel fiscal. Para la recolección de información se realizó el fichaje de algunas de las disposiciones de archivo emitidas por el personal fiscal del Cercado de Lima, evaluando dicha información mediante análisis de contenido. Los resultados demuestran la deficiencia legislativa respecto de la protección de los bienes culturales: inmuebles distintos a la época prehispánica integrantes del patrimonio cultural peruano, producto de la imprecisión normativa que ha conllevado a la adopción de criterios erróneos por parte de las autoridades competentes en la protección penal de nuestro patrimonio cultural generando así una grave desprotección por lo que resulta necesario una modificación de nuestra legislación penal.