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Resumen

La presente investigación tiene como objetivo determinar si la oposición al procedimiento registral en trámite, la cancelación de un asiento de inscripción y las modificaciones de los artículos 2013 y 2014 del Código Civil, otorgan un mayor nivel de seguridad jurídica registral frente al fraude inmobiliario. El Perú vivió durante más de diez años un boom inmobiliario, alcanzando notablemente su mayor registro en el año 2012 con 21,990 viviendas vendidas en Lima Metropolitana. No obstante, aquel auge originó que grandes fraudes inmobiliarios o estafas inmobiliarias se cometieran en nuestro país. Aquellos fraudes eran perpetrados por redes criminales que aprovecharon las debilidades del sistema notarial, registral, fiscal y judicial; con el único fin de apropiarse de manera ilícita de predios, tanto privados como públicos mediante diversas modalidades ilícitas, como suplantación de identidad, falsificación de documentos o simulación de actos jurídicos con la colaboración de funcionarios públicos, básicamente de Registros Públicos. Como respuesta inmediata a dichas estafas cometidas por aquellas organizaciones criminales, el 26 de marzo de 2015 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley N° 30313 – Ley de Oposición al Procedimiento de inscripción Registral en Trámite y cancelación del Asiento Registral por Suplantación de identidad o Falsificación de Documentación y Modificatoria de los Artículo 2013 y 2014 del Código Civil y de los artículos 4° y 55° y la quinta y sexta Disposiciones complementarias, transitorias y finales del decreto legislativo 1049. Como era de esperarse, dicha ley abrió un debate entre diversos expertos en materia del derecho registral, considerándola precipitada e insuficiente al no atacar el problema desde la raíz y al haberse invertido el sentido de la norma constitucional.